Recuperación económica y alternativas desde las defensoras del territorio en América Latina
Recuperación económica y alternativas desde las defensoras del territorio en América Latina
Esta es una versión digital y resumida de la investigación Extractivismos, pandemia y otros mundos posibles: Recuperación económica y alternativas desde las defensoras del territorio en América Latina, realizada por el Fondo de Acción Urgente con la colaboración de Catalina Quiroga y Elizabeth López. La publicación nace en el marco del Programa Mujeres y Territorios que apoya a mujeres, personas trans y no binarias en defensa de sus territorios en América Latina y el Caribe hispanohablante.
Desde que empezamos nuestro trabajo apoyando a los movimientos de mujeres en la región, hemos visto de manera enfática la dimensión que tiene el extractivismo en América Latina y cómo su configuración tiene profundos impactos en los territorios y en la vida comunitaria. La relación entre explotación de la naturaleza y explotación de las mujeres y sujetos feminizados se evidencia como un eje central del extractivismo en América Latina y el Caribe. Sobre los efectos en la vida de las mujeres del extractivismo, hemos lanzado en 2016 la publicación “Extractivismo en América Latina: impacto en la vida de las mujeres y propuestas de defensa del territorio” y seguimos con el compromiso de aportar a las reflexiones sobre el tema.
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El extractivismo es un fenómeno basado en la explotación de grandes cantidades de recursos naturales. Tiene raíces coloniales y en la actualidad afecta a todos los países de América Latina y el Caribe. Las actividades extractivas han ocupado un lugar central en las políticas económicas de los países de la región desde hace varios siglos, a pesar de su carácter predatorio. El extractivismo se ha cimentado, tanto en contextos rurales como urbanos, a costa de los daños a la naturaleza, las comunidades y sus territorios. Tiene algunas características claves:
Basado en un orden político y económico, con raíces coloniales, el extractivismo sitúa la idea de desarrollo en los países más consumidores del Norte Global, mientras que destina a los países del Sur Global a ser periferias productoras de materias primas como combustibles fósiles, minerales y productos agroindustriales amparado en la idea de que esto fortalece sus economías para desarrollarse, mientras se reproduce un modelo que perpetúa desigualdades en los países del Sur.
Por ejemplo, la explotación de minerales requiere de energía, por lo que gran parte de la producción energética de las hidroeléctricas está destinada a la minería. Además, la minería requiere de infraestructuras para su exportación, a la vez que la producción de energía requiere infraestructura para transportarla.
Para esto la fragmenta y separa: un río ya no es un complejo entramado de relaciones entre el agua y los ecosistemas, especies animales y vegetales, ni un lugar de encuentro social, económico y cultural para una comunidad, sino metros cúbicos de agua o megavatios de energía.
La fragmentación y mercantilización de los elementos naturales se sustentan en conocimientos técnicos occidentales que excluyen otras formas de relacionarse con la naturaleza. Estos conocimientos están sustentados en narrativas de “experticia” que comprenden las relaciones humanas con la naturaleza como solucionables desde la técnica científica, tecnológica y económica.
Combustibles fósiles
Agroindustria y monocultivos
Minería
Inseguridad
económica
Violencia contra
las defensoras del territorio
Efectos en la salud
de mujeres y niñes
Negación de derechos
socio culturales
Obstáculos para mujeres
que defienden el territorio
Los conflictos socioambientales que se derivan del extractivismo son una disputa entre distintas formas de entender las relaciones con la naturaleza, atravesadas por relaciones de poder desiguales que sobreponen una visión de mundo frente a otras. Para analizar las implicaciones del extractivismo en la vida cotidiana es importante reconocer estas disputas y la pérdida de autonomía resultante de su imposición en los territorios, lo cual trae consigo una serie de despojos.
“El despojo es un proceso violento de reconfiguración socioespacial, y en particular socioambiental, que limita la capacidad que tienen los individuos y las comunidades de decidir sobre sus medios de sustento y sus formas de vida. El despojo implica una transformación profunda de las relaciones entre humanos y no humanos que resulta en restricciones al acceso a los recursos. Este se traduce a menudo en la imposibilidad de decidir sobre el territorio, la vida misma y el propio cuerpo; el despojo está asociado a la pérdida de autonomía” (Ojeda, 2016; 34)
En los últimos años, la crisis climática ha llevado a repensar la matriz energética y a incentivar la reducción del uso de energías producidas por carbón, petróleo y gas, dado que la quema de este tipo de combustibles es la principal culpable de las emisiones de dióxido de carbono, principal causante del calentamiento de la atmósfera.
Sin embargo, sin enfoque de justicia ambiental, esta transición energética propuesta desde los conocimientos técnicos hegemónicos profundiza la implementación de viejos y conocidos extractivismos, dado que requiere la utilización de metales como el cobre, el cobalto o el litio para mejorar el rendimiento de las baterías de almacenamiento y para los circuitos que permiten una distribución eficaz de la energía eólica, solar e hidroeléctrica.
Los combustibles derivados de plantas como la palma de aceite, la caña de azúcar o el maíz se presentan como alternativas a los combustibles basados en petróleo. Sin embargo, su cultivo requiere de grandes cantidades de tierra y agua y su producción a gran escala utiliza agrotóxicos y contaminantes.
Como consecuencia, estos monocultivos amplían la frontera agrícola, desplazan comunidades y generan impactos ambientales como la erosión de los suelos, la contaminación y desecamiento de las fuentes de agua, la pérdida de biodiversidad y de la diversidad agroalimentaria.
Por su parte, las plantaciones forestales incluyen el cultivo de especies maderables, por lo general no nativas, para su comercialización. Pueden estar relacionadas a la compensación ambiental de grandes empresas por medio de proyectos de reforestación. Son comunes el cultivo de árboles como la teca, el pino y el eucalipto, especies que se caracterizan por un alto consumo de agua y su contribución a la erosión de los suelos.
En 2019, América Latina fue la segunda región con mayor capacidad instalada para la producción de energía mediante la construcción de grandes represas en los ríos.
Con 109.06 gigawatts de capacidad instalada, Brasil ocupa el segundo lugar en producción de hidroenergía en el mundo, después de China.
La inundación de tierras muchas veces fértiles y productivas para la construcción de represas ha desplazado comunidades enteras. Su construcción ha implicado violaciones a los derechos humanos en toda la región, incluyendo la persecusión, criminalización y asesinato de personas defensoras del territorio.
Hace más de 12 años las comunidades de Antioquia, Colombia, se han opuesto de manera firme al proyecto Hidroituango, un proyecto hidroeléctrico de gran envergadura. El proyecto afectó de forma profunda el río Cauca, impactó a los seres vivos que habitan en la cuenca y las relaciones de las comunidades que dependen de sus ecosistemas. Asimismo, profundizó la disputa por la tenencia de la tierra e incrementó la violencia en medio del conflicto armado, dado que líderes y lideresas han sufrido amenazas, ataques y asesinatos, con una agudización desde 2018, cuando la construcción de la represa sufrió graves reversos relacionados con errores en la planeación y gestión de los riesgos.
Las energías eólica y solar se obtienen a través de los rayos solares y las corrientes de viento, respectivamente. Su producción en la región viene en aumento. América Latina instaló 13.427 MW de capacidad de energía eólica terrestre en 2019, un 12% más respecto al 2018.
Su producción se estructura en grandes parques eólicos o solares, que ocupan grandes extensiones de tierra y requieren para su instalación la explotación a gran escala de minerales como el cobre y el litio. Estos metales son claves para el funcionamiento de circuitos eléctricos de paneles y molinos, así como el almacenamiento y transporte de estas energías.
El uso extensivo de tierras ha producido desplazamientos de comunidades rurales, indígenas y negras que en la mayoría de los casos no son consultadas ni consideradas para la instalación de los proyectos. La gran extensión del cableado y plantas eléctricas para transportar estas energías también impacta a numerosas comunidades en los alrededores/ alrededor de las líneas de transmisión. En la mayoría de los territorios donde se instalan estos proyectos hay comunidades sin acceso a la energía eléctrica, y su implementación no las beneficia.
Mujeres Sarayaku de la Amazonía Ecuatoriana: contra la explotación de balsa en su territorio.
El incremento de la demanda mundial de energía eólica tuvo un impacto inmediato en las comunidades amazónicas ecuatorianas, pues los molinos de viento producidos en China y exportados mundialmente, se fabrican con madera de balsa en sus aspas, ya que es un material muy liviano.
La mayoría de madereros que entraron a territorio amazónico a talar las islas de balsas silvestres a las orillas de los ríos lo han hecho de manera ilegal, actúan como intermediarios y no cuentan con ningún permiso ni reglamentación.
A raíz de esto, se ha incrementado la violencia en las comunidades, con un costo importante para las mujeres, quienes la viven de manera específica sobre sus cuerpos. Además, la tala casi total de los árboles de balsa en esta región trajo impactos ambientales graves. “En marzo del 2020, todas las cuencas de los ríos han tenido una subida extrema, llegando a arrasar viviendas, puentes, etc. Venían todas las ramas de las balsas taladas, lo que hacía imposible la movilidad por el río. Las personas tuvieron que refugiarse en las partes altas (…) Aparte de eso, las islas de balsa son la casa de una gran cantidad de animales, de aves como la oropéndola y el águila arpía, las nutrias”, dicen las mujeres de la organización. El pueblo Sarayaku ha dicho no a la balsa: “acá no se entra y se respeta el territorio, [y por eso] hemos sido tildados como enemigos del desarrollo, pero nosotros no vemos una posibilidad sostenible ahí.”
Los mercados asociados a la minería, la agroindustria y la explotación de hidrocarburos, así como la construcción de infraestructuras, continúan vigentes y son centrales para las decisiones de inversión de los gobiernos de la región.
Estas formas de explotación entran en tránsito o combinación con nuevas tendencias “verdes” de explotación, fragmentación y globalización de la naturaleza, y de esta forma profundizan las desigualdades y despojos de las comunidades.
La matriz energética de América Latina y el Caribe sigue estando anclada a dos fuentes: la primera es la energía hidroeléctrica, que para el 2020 aportó el 55% del total de la energía que se consumió en la región y, la segunda, la energía térmica no renovable, es decir, la producida por combustibles fósiles que, para el mismo año, aportó el 41%.
La lógica extractiva no desaparece con las políticas e iniciativas para mitigar el cambio climático, sino que se amplían las fronteras de explotación de la naturaleza.
El extractivismo, en todas sus variables, se posiciona como una actividad clave para los gobiernos, pero sus rendimientos son insuficientes para considerarla una actividad infalible para el crecimiento y la sostenibilidad de las economías de la región.
la devastación de ecosistemas
la falta de acceso a servicios públicos básicos, como la salud, por parte de grandes porciones de la población
la priorización de las ganancias económicas por encima de la vida de las poblaciones
En América Latina y el Caribe, los impactos de la pandemia fueron y siguen siendo muy diferenciados, lo que ha puesto aún más en evidencia las profundas desigualdades estructurales que se viven en nuestra región, enmarcadas en las diferencias de acceso a servicios básicos entre la población urbana y rural, y atravesadas por la clase, raza y género.
A los impactos directos del extractivismo se sumaron nuevas emergencias y vulnerabilidades desatadas por la pandemia del Covid-19, de manera que las acciones de resistencia contra el extractivismo, conviven y se cruzan con las preocupaciones que este nuevo contexto ha implicado en los ámbitos personal, familiar y comunitario. Es preciso comprender que son tiempos difíciles para las defensoras.
Nos sumamos a sus voces que afirman que la lógica desigual, que ya era operante en estos territorios, explica la alta vulneración de derechos en este período de crisis sanitaria.
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Los gobiernos de la región ya tienen una respuesta: redoblar su apoyo a actividades económicas extractivas que poco o nada han hecho para garantizar una vida digna a las poblaciones. Los gobiernos han posicionado al extractivismo como una alternativa para la generación de dinero en medio de la crisis sanitaria y como una forma de recuperación económica impulsada y pensada con el apoyo de las grandes corporaciones internacionales.
En casi toda la región, las actividades relacionadas con las exportaciones fueron declaradas esenciales desde el inicio de las restricciones a la movilidad, entre ellas las de la agroindustria y la producción de biocombustibles. La minería, por su parte, fue declarada esencial desde el inicio de las cuarentenas en países como Colombia y Chile, mientras que países como Bolivia, Perú y Argentina terminaron por integrar esta actividad como esencial luego de algunas semanas o meses de no permitirla. En Argentina, la inclusión de las actividades mineras como esenciales estuvo motivada por el posible aporte de esta actividad a la economía nacional.
El levantamiento de restricciones para las empresas extractivas está en estrecha relación con los planes de recuperación económica declarados por cada uno de los países de la región. En este sentido, la mayoría de ellos han declarado a las actividades extractivas, en algún momento de la pandemia, como esenciales para las economías nacionales en el marco de las restricciones a la movilidad. En países que no declararon cuarentenas obligatorias como Nicaragua, Brasil o México, las empresas dedicadas a la extracción siguieron trabajando durante toda la pandemia, a pesar del riesgo sanitario que implica su funcionamiento.
La continuación de la minería puso en riesgo de contagio a las personas trabajadoras de las empresas, las familias y las comunidades que rodean sus enclaves. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL (2020) reporta que a julio de 2020 se habían documentado por lo menos 8.048 casos de trabajadores mineros contagiados, con 5.000 de esos casos en Chile, 1.850 en Brasil, 905 en Perú y 58 en Argentina. Para otros países de la región no existen datos similares sobre contagios y enfermedades. Adicionalmente, para julio de 2020 OCMAL obtuvo el reporte de 79 trabajadores del sector fallecidos en toda la región. Las empresas mineras BHP, Glencore y Anglo American presentaron casos de contagio en Perú, Colombia y Chile (OCMAL, 2020), incluso cuando según sus páginas e informes internacionales estaban cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para asegurar la continuidad de la producción.
Las Instituciones Financieras Internacionales (IFIS) jugarán un papel clave en la reactivación económica de la región. Estas entidades cumplen además un papel muy importante en la generación de alianzas público-privadas, prestan asesoría técnica a países y actores privados e intervienen en el fortalecimiento de capacidades empresariales. Por esta razón juegan un papel crucial en la promoción de proyectos extractivos en la región. Algunos datos:
Conocer cómo operan y qué proyectos financian las IFIS es un paso importante en la defensa territorial. El FAU-AL, junto a otras organizaciones aliadas en el marco de la alianza Count Me In!, ha apoyado en la elaboración de un Detrás del extractivismo: dinero, poder y resistencias comunitarias, que ayuda a las organizaciones de base a conocer y desarrollar estrategias enfocadas en los actores que financian los extractivismos.
Los obstáculos impuestos por la pandemia son realidades inescapables que llevan a nuevas reflexiones sobre la autonomía, la alimentación propia, el cuidado de la vida y la recuperación de saberes ancestrales sobre la salud, además de demandar nuevas formas de comprender la protección colectiva de los cuerpos y los territorios comunitarios, manteniendo la solidaridad como base de los tejidos sociales.
Las respuestas colectivas lideradas por las mujeres para enfrentar los riesgos de salud y la crisis económica intensificados por la pandemia del Covid-19 demostraron su capacidad para sostener a las comunidades y sus modos de vida en un contexto de crisis.
Las acciones para responder a la emergencia sanitaria planteadas por las organizaciones de mujeres que participaron en esta investigación no separan las necesidades del cuerpo y del territorio colectivo, y además de ser una reacción ante situaciones específicas de urgencia, responden a los sistemas de exclusión y violencia con la construcción de otras formas de vida y nuevos acuerdos sociales.
En distintas comunidades y culturas, existen diversas maneras de comprender la salud y la enfermedad. El conocimiento colectivo y ancestral que resguardan las comunidades en torno a la medicina tradicional y sus diversas prácticas, estuvieron presentes en las respuestas de las organizaciones de mujeres para la prevención y atención del Covid-19.
Las mujeres juegan un rol importante en el uso y propagación de estos saberes, debido a que casi siempre son ellas quienes manejan la salud en el contexto del hogar. Al enfrentar la pandemia, las mujeres acudieron a las plantas medicinales de manera cotidiana, realizando una serie de recetas y recomendaciones para la prevención y los cuidados en casa.
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Testimonio del Movimiento Pela Soberania Popular na Mineração - MAM (Movimiento por la Soberanía Popular en la Minería), que se articula a nivel nacional para hacer resistencia a la gran minería en Brasil. Las mujeres de la organización han generado estrategias autónomas y autogestionadas para promover, por ejemplo, la siembra de hortalizas destinadas a generar ingresos para ellas y a mejorar su alimentación.
Las alternativas económicas desarrolladas por las mujeres están pensadas desde la realidad de sus comunidades, tienen una visión de beneficio colectivo y respeto a la Madre Tierra.
En sus propuestas, el sostenimiento individual está vinculado al sostenimiento familiar y comunitario, pues se entienden como redes interconectadas que buscan el bienestar colectivo. Estas alternativas buscan promover la autonomía de las mujeres, no solo en términos materiales, sino también en lo relativo a la toma de decisiones desde su voluntad e independencia.
Contar con alternativas de comunicación locales e independientes es un factor clave en los procesos organizativos, por ejemplo, en torno a la gestión comunitaria de la salud. En el marco de la pandemia, los protocolos de cuidado, atención y prevención fueron desarrollados en muchos casos por las mismas comunidades, con información adecuada a sus contextos. Esta información se compartió a través de los medios de comunicación comunitarios y alternativos.
Además de activar acciones para proteger y atender la salud a nivel individual y familiar, algunas comunidades han puesto en marcha medidas colectivas de control y vigilancia de sus territorios, instalando, por ejemplo, puntos de desinfección y permitiendo el tránsito solo de recursos de primera necesidad. Estos mecanismos son resultado del consenso y la reflexión sobre la protección colectiva.
Las iniciativas de cuidado, bienestar y salud física, emocional y psicológica son parte de la agenda de muchas organizaciones de mujeres y han ocupado un lugar central en las apuestas y procesos organizativos de las defensoras del territorio. Los espacios e iniciativas de cuidado sirven para recobrar la confianza y la autoestima de manera colectiva, y para la contención y apoyo emocional en las distintas situaciones de riesgo y violencia que viven en su vida personal o por su activismo. La visión integral del cuidado también refleja la interdependencia con el entorno natural y los elementos que la componen desde una relación profunda con su territorio.
El cuidado es interdependiente y extensivo a todo el territorio, y refleja las cosmovisiones y creencias de los pueblos. Las mujeres defienden sus derechos socioculturales a través del fortalecimiento de la identidad y la relación ancestral con los territorios, recuperando las lenguas, los conocimientos de abueles, lugares sagrados y prácticas tradicionales para el cuidado de la tierra y del cuerpo.
Las iniciativas de las mujeres defensoras de los territorios en la región son un llamado a reflexionar sobre nuevas formas de organización, sostenibilidad y resistencia, así como un cuestionamiento al modelo que nos llevó a un contexto de crisis sanitaria, social, económica y política. Aprender de las historias y propuestas de vida de las mujeres para pensar el presente y el futuro es un camino para construir la justicia ambiental y social, y lidiar de manera más humana y cuidadosa con posibles nuevas crisis que vayamos a enfrentar.
El cuidado es una forma de habitar y construir mundos posibles, una apuesta por el buen vivir que las defensoras colocan al centro de sus activismos.
Bogotá, Colombia
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